La inauguración del I Congreso de Vivienda de Canarias, liderada por el presidente Fernando Clavijo, se convirtió en una plataforma para lanzar un ambicioso paquete de reformas que busca la intervención directa en el mercado. El teniente de alcalde del sur de Gran Canaria, Alejandro Marichal, aprovechó el foco regional para hacer un llamamiento directo al sector privado para que tome un rol protagónico en la solución, destacando la tensión entre la intervención pública y la necesidad de capital foráneo en la comarca turística.
Se pondrá en marcha un proyecto piloto en Gran Canaria para movilizar viviendas vacías de particulares, ofreciendo a los propietarios garantías e incentivos a cambio de un alquiler asequible (entre un 20% y un 25% por debajo del precio de mercado). Marichal, cuya jurisdicción engloba la zona de mayor presión turística e inmobiliaria de las islas, enfatizó la "alta capacidad de esfuerzo de los vecinos de la comarca sur" y animó al sector privado a volcarse en la zona. Su intervención subraya la paradoja que vive el Sur de Gran Canaria: mientras genera la mayor parte de la riqueza turística de alto valor, es también el área donde el acceso a la vivienda para sus trabajadores es más crítico.
La apelación de Marichal actúa como un contrapeso a la fuerte retórica intervencionista del Gobierno, recordando que cualquier solución sostenible debe pasar por la inversión privada en nuevos desarrollos, no solo por la regulación. Clavijo defendió la mayor transformación de las políticas de vivienda de la última década, justificando la intervención en la demanda para evitar que las familias destinen más del 30-35% de sus ingresos al pago de la vivienda, una "línea roja para prevenir la exclusión social."
La declaración más relevante para los inversores extranjeros y los analistas del mercado inmobiliario es el anuncio de medidas pioneras en España que permitirán a los ayuntamientos limitar la compraventa de viviendas a no residentes en zonas tensionadas. Clavijo comparó esta medida con políticas ya implementadas en ciudades europeas como Ámsterdam, Berlín o Múnich, enviando un mensaje claro a la inversión especulativa: la función social de la vivienda es prioritaria. "Nos llamaron locos cuando dijimos que había que intervenir también en la demanda," declaró Clavijo.
Estas iniciativas demuestran un esfuerzo del Gobierno por combinar la reactivación de la construcción pública (más de 2.000 viviendas en curso) con la movilización del parque privado a través de incentivos (como las deducciones en la RIC) y, simultáneamente, imponer barreras a la presión especulativa foránea. El reto de conciliar las demandas del mercado libre que nutre el Sur con las necesidades sociales de sus trabajadores sigue siendo el equilibrio más delicado de la estrategia canaria.
