Allá en Las Palmas, donde la tónica parece ser poner palos al desarrollo estratégico del sur de la isla, la Dirección General de Salud Pública ha vuelto a erigirse como el gran censor de las inversiones. Lejos de limitar su labor al impacto directo en la salud de los ciudadanos, esta Dirección se ha permitido una nueva y audaz extralimitación: inmiscuirse en la valoración económica de inmuebles y en la afección a la zona turística por el desarrollo de proyectos de nuevas energías en el sur de Gran Canaria.
No es la primera vez que la mano larga de Salud Pública interfiere en la hoja de ruta económica del Archipiélago. La Dirección ya es tristemente célebre por haber bloqueado el proyecto de la energética Totisa en el Puerto de Las Palmas. Una decisión que deja al cuarto puerto del Reino de España y primero del Atlántico Medio, en una situación de vulnerabilidad extrema, bloqueado para el futuro de la descarbonización y a merced de la competencia directa de Dakhla Atlantique en el Sáhara. El veto este 2025 al suministro de gas, clave para la transición energética, fue un acto de autolesión económica cuya autoría reside en el celo desmedido de estos "higienistas".
La última ocurrencia, que se ha dado a conocer este martes, aunque data de febrero de 2025, golpea directamente a un promotor de energía del sur de la isla. En un requerimiento, los funcionarios de Salud Pública exhortan a la empresa a realizar la "identificación de impactos económicos, sociales: pérdida de valor de las viviendas próximas y de la zona turística cercana". La pregunta es inevitable: ¿Y qué tiene que ver la caída del precio del metro cuadrado o la valoración turística con la Salud Pública? La respuesta es sencilla: Nada. Los higienistas se han subido al monte y, lamentablemente, en la administración de Las Palmas parecen incapaces de pararlos.
Pero el delirio no termina ahí. También solicitan que se detalle la "exposición a campos electromagnéticos y la percepción del riesgo en los residentes del entorno". La desproporción es evidente. Imagine el lector que uno de estos funcionarios entra en la sección de electrónica de Worten, en el centro comercial El Tablero: mínimo sufriría un desmayo ante la "exposición" de la realidad moderna.
La receta de los higienistas termina de apostillar su descontrol al solicitar, además, que "se tenga en cuenta cualquier otra que considere adecuada para 'la protección del medio ambiente'". De este modo, la Dirección General de Salud Pública no solo se arroga facultades en materia de mercado inmobiliario y percepción del riesgo, sino que pretende dictar también la política medioambiental de Canarias, excediendo absolutamente su mandato y poniendo una vez más el freno a la inversión y el desarrollo en el sur de Gran Canaria.
