El sector pesquero del sur grancanario ha alzado la voz este martes de manera unánime ante lo que se considera la decisión más preocupante de los últimos años, un movimiento impulsado por la Secretaría General de Pesca en Madrid que pone en riesgo directo el futuro de la actividad artesanal en el Archipiélago. La Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, junto a las federaciones provinciales de Tenerife y Las Palmas (que representa a cofradías clave del sur de Gran Canaria), ha emitido un "rotundo y unánime rechazo" a la propuesta aprobada en las reuniones de ICCAT (Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico) celebradas el pasado noviembre en Sevilla.
El documento, presentado por la delegación de la Unión Europea bajo mandato del Gobierno de España, autoriza un plan experimental de pesca con cerco industrial y la instalación de jaulas de engorde de rabil y atún rojo en aguas canarias. Esta iniciativa siempre ha contado, y sigue contando, con la desaprobación absoluta de los pescadores canarios. Para la flota artesanal, especialmente sensible a la presión sobre los recursos migratorios que sustentan su economía tradicional, la llegada de barcos de cerco industrial y las macrojaulas de engorde suponen una competencia desleal y una amenaza ecológica directa sobre una zona ultraperiférica ya catalogada como sensible y frágil.
La indignación del sector se centra en la forma en que se ha tramitado el proyecto. Los pescadores denuncian que ni el sector ni el Gobierno de Canarias en materia de pesca fueron consultados ni informados de que la iniciativa sería presentada por el Gobierno de España en las negociaciones de la UE ante ICCAT. Resulta inaceptable que una propuesta de esta magnitud e impacto, que compromete de manera crucial y directa el futuro de la pesca tradicional en Canarias, se haya propuesto de esta manera unilateral. El proceder contraviene de manera evidente los principios básicos de consulta y participación establecidos en la legislación vigente. En concreto, se señala la vulneración del artículo 7 de la Ley 5/2023 de pesca sostenible, que exige que los requisitos adicionales para el acceso a los recursos —como los contemplados en este plan piloto— deben fijarse "previa consulta a las comunidades autónomas y al sector pesquero afectado".
La ausencia total de esta consulta no solo incumple una obligación legal básica de cooperación y participación, sino que desatiende gravemente las competencias que el propio Estatuto de Autonomía de Canarias reconoce a la Comunidad Autónoma en la gestión de la actividad pesquera. El sector exige al Gobierno autonómico que tome medidas inmediatas para frenar esta amenaza que pende sobre la sostenibilidad de la flota artesanal del sur y el resto del Archipiélago.
