La presión regulatoria sobre la obsoleta planta turística de Maspalomas no es solo teórica; tiene sus consecuencias más dramáticas en la base misma de la estructura de los complejos. El histórico edificio de apartamentos Paraíso Maspalomas, con más de medio siglo de antigüedad, se encuentra ahora bajo la lupa municipal tras unas obras sin licencia que han afectado directamente a sus pilares portantes, una alarma que resuena mucho más allá de las dunas.
Según informa Canarias 7, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través de su departamento de Disciplina Urbanística, ha emitido un dictamen de urgencia instando a la revisión exhaustiva de la estructura del inmueble de ocho plantas y más de 400 apartamentos ya residencializados. La génesis de la crisis reside en el sótano del Paraíso, concretamente en un local privado donde se ubicaba el antiguo comedor. El promotor de la obra ejecutó demoliciones internas —incluyendo tabiquería, solados y zanjas profundas— sin contar con título habilitante alguno. La preocupación de los vecinos, que alertaron al consistorio, se centra en el picado de varios pilares de hormigón, dejando al descubierto parte de su armadura.
Aunque la técnico municipal, tras la inspección del 27 de octubre, no apreció "fisuras de entidad considerable", la preocupación estructural es máxima. El informe técnico advierte que el descarnado de los pilares se llevó a cabo sin la adopción de "medidas de refuerzo adicional que compensen cualquier déficit en la seguridad estructural". Las zanjas, además, suponen un riesgo de accidente y amenazan la red general de saneamiento.
En una zona sometida a las estrictas normativas de seguridad y construcción de la Unión Europea (Eurocódigos), el hecho de que obras con potencial impacto en la "capacidad portante" de un edificio de ocho alturas puedan ejecutarse de forma ilegal es un serio fallo en la cadena de supervisión. La medida impuesta por el Ayuntamiento es contundente, pero tardía: se obliga al promotor a desalojar los escombros y, fundamentalmente, a evaluar la "aptitud de servicio de la estructura" y, si fuera necesario, a realizar el apuntalamiento de los soportes para garantizar la seguridad.
Este incidente no es solo un pleito de comunidad de propietarios; es un recordatorio de que la presión por renovar el stock turístico bajo las directrices europeas (como la EPBD) debe ir acompañada de una disciplina urbanística férrea. La imagen de un destino premium como Maspalomas no puede permitirse que el riesgo estructural se convierta en una amenaza pública a causa de la inacción o el incumplimiento regulatorio local. El foco está ahora en la velocidad y la contundencia con la que la administración forzará la reparación y asegurará la integridad del edificio.
