¿Aunque no se patrocine desde las AA.PP de Gran Canaria alguna medida se debe tomar? La pugna por la instalación de macrogranjas de atún rojo en el litoral canario ha trascendido el debate ecologista para convertirse en una crisis de credibilidad comercial que amenaza con hipotecar la estrategia de posicionamiento premium de la isla. El sector turístico y el lobby alimentario de Gran Canaria se enfrentan a un dilema estratégico: ¿Cómo podría la isla tolerar que se promocione el pescado 'Km0' en ferias de alta gastronomía como Madrid Fusión si simultáneamente su costa es degradada por un modelo de gestión basado en el "beneficio inmediato"?
La Asociación de Amigos de la Naturaleza (AAN) ha puesto el foco en la contradicción. La acuicultura industrial de atún rojo, que requiere grandes jaulas flotantes cerca de la costa, es percibida por los ecologistas y las cofradías de pesca artesanal como un factor que agrava la crónica contaminación marina. El riesgo es puramente reputacional, pero con un alto coste económico. El valor de la marca 'Km0' se basa en la pureza, la sostenibilidad y la conexión directa con el Atlántico limpio. Si el litoral de Gran Canaria es públicamente asociado a vertidos no depurados (incumplimiento de la Directiva Europea de 1991) y a la acumulación de desechos de peces —un problema ya identificado en la contaminación de playas—, la narrativa de sostenibilidad que se vende en los mercados nacionales e internacionales queda destruida.
El analista Eustaquio Villalba, portavoz ecologista, es claro: el impulso a la cría de atún rojo, con intereses "previsiblemente grandes compañías internacionales", choca directamente con la apuesta por la pesca artesanal y amenaza la calidad del agua, poniendo en jaque el principal activo de la isla: su imagen turística y gastronómica.
El problema de las jaulas marinas no es la causa, sino un agravante de una deficiencia estructural en la gestión pública. La AAN recuerda que Canarias, a pesar de ser una "potencia mundial" en turismo, lleva décadas incumpliendo la obligación de depurar sus aguas residuales.
La crítica política se centra en la priorización de la inversión: la apuesta por proyectos como el Circuito de Motor de Tenerife (pese a tener sentencias en contra), mientras que la depuración sigue siendo una asignatura pendiente. Esta falta de voluntad política para resolver el déficit de saneamiento histórico hace que cualquier proyecto que añada presión al litoral (como las piscifactorías) sea visto con profunda desconfianza.
La desconfianza hacia el Gobierno de Canarias se sustenta en el precedente: la Administración mantiene en marcha proyectos con problemas legales, lo que debilita su promesa de que "no permitirá" estas explotaciones. La competencia sobre la acuicultura es "absoluta" de la comunidad autónoma, y la opacidad en las concesiones solo alimenta la sospecha de que hay "muchos intereses creados" que podrían doblegar la voluntad política.
Si la combinación de emisarios submarinos vertiendo aguas sin tratar, sumada a la proximidad de residuos de las granjas marinas, desembocara en un cierre prolongado de las playas turísticas de Gran Canaria —como ya ha ocurrido en otros puntos del archipiélago—, la crisis ambiental podría convertirse rápidamente en una crisis económica y de marca global. La viabilidad del prestigioso pescado Km0 en el panorama nacional pasa, obligatoriamente, por garantizar que el mar de Gran Canaria esté limpio.
