El sur de Gran Canaria enfrenta un desafío creciente en materia de vivienda. Municipios clave como San Bartolomé de Tirajana muestran que el 10,62% de sus viviendas ya se destina al uso turístico, mientras que en Adeje (Tenerife) la cifra alcanza el 13,35%. Esta tendencia refleja un fenómeno extendido por otras islas: en Yaiza (Lanzarote) el 22% de las viviendas son turísticas y en La Oliva (Fuerteventura) el 21,50%.
El incremento de viviendas turísticas no es un problema aislado, sino que se suma a un déficit estructural de vivienda residencial en Canarias, marcado por la drástica caída de la construcción desde la crisis financiera de 2008. En 2022 se construyeron únicamente 2.782 viviendas en el archipiélago, frente a 3.011 en 2021 o 3.103 en 2019. La vivienda protegida, esencial para la población con menos recursos, ha sido prácticamente inexistente: 208 unidades en 2022, y ninguna en 2020 y 2021.
Actualmente, las 60.146 viviendas destinadas al uso turístico representan un lastre para la reposición de la vivienda habitual. A un ritmo medio de construcción de 3.000 viviendas anuales, harían falta más de 20 años para recuperar estas unidades, sin contar con las necesidades adicionales derivadas del crecimiento poblacional. El rápido crecimiento del uso turístico, en torno al 25% anual en algunos municipios, equivale a unas 7.000 viviendas al año desviadas de la residencia habitual, aumentando aún más el déficit.
El problema radica en que la mayoría de estas viviendas no se construyen de cero, sino que se reconvierten desde uso residencial. Esto limita la capacidad de respuesta del mercado a corto plazo y obliga a abordar la reposición mediante la clasificación de más de 500 hectáreas de suelo urbanizable y complejos procesos de cesión, equidistribución y urbanización. Sin embargo, estas medidas chocan con la legislación vigente, que promueve la contención de la expansión urbana, la densificación de los núcleos urbanos y la integración social y funcional de las ciudades, evitando la zonificación extensiva y reduciendo la movilidad.
El crecimiento del turismo residencial no solo afecta la disponibilidad de viviendas, sino que también presiona los precios del alquiler, limita el acceso a una vivienda digna y compromete la habitabilidad de los barrios. La experiencia del sur de Gran Canaria evidencia que, sin cambios normativos que limiten la expansión de la vivienda turística y políticas efectivas de promoción y gestión del suelo residencial, la oferta de vivienda permanente seguirá siendo insuficiente, poniendo en riesgo la sostenibilidad urbana y social de la isla.
