El Sur de Gran Canaria se prepara para afrontar en enero tres jornadas de huelga convocadas por Comisiones Obreras (CCOO) en varias empresas vinculadas al Grupo ALSA.
Los paros, que se desarrollarán los días 8, 10 y 13 de enero, afectarán a compañías como Artazo Servicios Integrales, Hermanos Díaz Melián, Microbuses Cándido, NEX Continental Holdings, Canary Logistic Solution y Transportes Turísticos Islas Canarias, y suponen un aviso serio sobre la gestión laboral en el archipiélago.
El sindicato denuncia que los trabajadores enfrentan sobrecarga de trabajo, estrés, desigualdades salariales y decisiones unilaterales de la dirección, sin medidas correctoras pese a los reiterados avisos. Esta situación repercute directamente en la calidad del servicio de transporte público y turístico, un sector clave para la economía del sur de Gran Canaria, donde la movilidad eficiente y segura es vital para residentes y visitantes.
Más allá de las quejas laborales, el episodio pone de relieve un problema estructural: la desconexión de ALSA con la realidad canaria. Para muchos en el sur de la isla, la empresa opera como si gestionara una colonia extractiva, priorizando criterios corporativos ajenos al territorio y dejando en segundo plano las necesidades de empleados y usuarios. La dirección, con decisiones centralizadas y sin diálogo efectivo, ha generado un clima de tensión que amenaza no solo la estabilidad laboral, sino también la imagen del sur de Gran Canaria como destino turístico confiable y competitivo.
El riesgo de mala imagen es evidente: cortes en el transporte, retrasos y servicios afectados coinciden con un periodo de alta afluencia turística en la isla, lo que puede deteriorar la percepción externa de las localidades del sur. Expertos en movilidad advierten que el impacto reputacional podría ser más dañino que las propias pérdidas económicas inmediatas, si no se adoptan medidas que conecten a la empresa con la realidad local.
CCOO insiste en que la huelga es fruto de meses de intentos de diálogo infructuosos. Mientras la dirección de ALSA no ajuste sus decisiones a la realidad canaria, la tensión laboral se mantendrá, y con ella, la amenaza de que el sur de Gran Canaria sea percibido como un territorio donde el transporte público está sometido a criterios corporativos externos y ajenos a la isla.
La resolución del conflicto dependerá de la capacidad de la empresa para abrir canales de diálogo, reconocer las particularidades locales y equilibrar la gestión corporativa con la realidad de sus trabajadores y usuarios en Canarias, evitando que la isla sufra un deterioro de imagen que afecte a residentes y turistas por igual.
