La distribución de las 40.387 plazas de vivienda vacacional (VV) en Gran Canaria, el tercer mercado más grande del Archipiélago, expone una concentración desequilibrada que es clave para entender la crisis habitacional y la respuesta regulatoria de 2025. El municipio de San Bartolomé de Tirajana (Maspalomas) domina el sector, absorbiendo un 36% del total de plazas insulares. Le sigue la capital, Las Palmas, con un significativo 21%, y el municipio turístico de Mogán con un 17%.
Estos tres polos suman las tres cuartas partes de la oferta turística privada de la isla, evidenciando que la presión del fenómeno VV no es uniforme. Analizar la Tarifa Media Diaria (ADR) por municipios en Gran Canaria arroja una paradoja económica. Contrario a lo que podría esperarse, el municipio con más plazas, San Bartolomé de Tirajana, cobra una media de 138 €, un precio alto, pero superado con creces por pequeñas localidades del norte y el interior. La tarifa más elevada de la isla se registra en Arucas, con 282 €, casi un 50% más que Maspalomas.
Otros municipios como Firgas (173$) o Vega de San Mateo (163 €) también superan la media de las grandes zonas turísticas. Esto sugiere que las altas ADR en el norte y el interior responden a una oferta de nicho o premium (fincas, casas rurales, etc.), mientras que las grandes zonas de sol y playa (Maspalomas, Mogán) operan con precios más competitivos debido al volumen masivo de oferta
La capital, Las Palmas, se sitúa en un precio más moderado ($100 €$), reflejando el uso de la VV en entornos urbanos y de playa urbana (como playita de Las Canteras, no tiene bandera azul), donde compite con alquileres de larga duración. Esta polarización de precios—un alto volumen concentrado y precios más bajos en el sur masivo; poco volumen y precios de lujo en el norte— es el verdadero argumento que ha impulsado la nueva regulación.
Los políticos han identificado que el 21% de las plazas de la capital, combinadas con los precios más altos del interior, contribuyen directamente a la expulsión del residente en zonas urbanas y rurales clave. La decisión del Gobierno canario de introducir una regulación restrictiva, que ya ha provocado una caída interanual del -9,4% en los ingresos totales de Gran Canaria, se centra en atacar esta distribución desequilibrada. Las futuras limitaciones de licencias por zonas y saturación impactarán especialmente en San Bartolomé de Tirajana y Las Palmas. La intención es frenar la sangría habitacional en la capital y evitar que la saturación en el sur de la isla, que ya genera altos costes de infraestructuras, siga creciendo a costa del mercado residencial.
