El vital sector turístico del sur de Gran Canaria, motor económico de la isla, se encuentra en alerta ante la inminente imposición de una nueva tasa aeroportuaria. Aena, el gestor de control púbico de la red de aeropuertos en España, planea cobrar una tasa horaria a las guaguas de transporte discrecional que operan en los aeropuertos canarios, una medida que el Gobierno regional rechaza frontalmente por considerarla un obstáculo a la movilidad sostenible. 6.000 euros mensuales por unidad de transporte.
Aunque la implementación de este "tasazo" está prevista inicialmente para Tenerife Sur y Lanzarote en enero de 2026, la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias (FET) ya ha advertido que el sistema se extenderá progresivamente al Aeropuerto de Gran Canaria (Gando) en 2027.
La directora general de Transporte y Movilidad del Ejecutivo canario, María Fernández, ha señalado que esta medida es un contrasentido en la realidad insular. "Choca" directamente con la ley estatal de Movilidad Sostenible y, en el contexto de Gran Canaria, supone una amenaza directa a la fluidez de la GC-1, la autopista que conecta el aeropuerto con los grandes núcleos turísticos del sur (Maspalomas, Mogán).
El argumento es contundente: al encarecer el transporte colectivo —con costes que la FET estima hasta en 6.000 euros mensuales por transportista—, la tasa se repercutirá en turoperadores e incentivará una "fuga de viajeros" hacia el alquiler de vehículos. Esta transferencia agravaría la congestión en la GC-1 y en los accesos a las zonas de playa, contradiciendo el objetivo de mover al "mayor número de personas en el menor espacio posible".
La patronal del transporte ha solicitado "amparo institucional", recordando que los contratos para la temporada alta de invierno 2025-26 ya están cerrados y que "no existe posibilidad de repercutir un coste añadido" sin pérdidas. El Ejecutivo autonómico ha dado su apoyo explícito a los transportistas. Fernández ha criticado a Aena, una empresa con un 51% de capital público y que reportó ganancias de 2.000 millones de euros el año pasado, señalando que ni la falta de espacio ni la necesidad económica justifican la medida. "El Gobierno canario está absolutamente al lado de la patronal y en contra de que se perjudique el transporte masivo o de alta capacidad," aseveró.
La directora general ha confirmado que el Gobierno de Canarias hará "todo lo necesario para frenar esa implantación", incluyendo llevar la protesta a los órganos superiores de Aena, una vez que el coordinador de los aeropuertos canarios ha confirmado que la normativa es una imposición "de arriba". La clave reside en evitar que el lucro comercial del gestor aeroportuario comprometa la eficiencia y la sostenibilidad de la principal arteria de transporte de la isla.
