En las oficinas de los grandes grupos internacionales que sostienen el hormigón de las islas, el silencio es hoy la respuesta más elocuente. Corporación Masaveu y el gigante brasileño Votorantim, accionistas de referencia en la industria cementera canaria, han optado por no negar lo que en los mentideros económicos es ya un secreto a voces: el acuerdo para el desarrollo de un hotel en los terrenos que hoy ocupa la fábrica del sur de Gran Canaria, lanzada por la Falange en la época de Franco. Esta industria cuenta con protección arancelaria del AIEM. El Gobierno de Canarias tiene en su mano quitar el AIEM al cemento.
Este silencio estratégico no hace sino confirmar el cambio de ciclo. Santa Águeda, ese puerto industrial que durante 70 años fue el pulmón de la construcción en el archipiélago, está siendo empujado hacia una metamorfosis turística. Sin embargo, mientras el futuro se diseña sobre planos de complejos hoteleros, el presente se ha atrincherado en los juzgados.
Apenas unas horas después de que las noticias del acuerdo hotelero cobraran fuerza, Cementos Especiales de las Islas (CEISA) --Masaveu y el gigante brasileño Votorantim-- ha lanzado un contraataque legal desesperado. La compañía ha solicitado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas la suspensión inmediata del desmantelamiento del Puerto de Santa Águeda ordenado por Puertos Canarios.
Las contradicciones en este escenario son tan densas como el propio clatón. El "Todo Indivisible" en juego CEISA se apoya en una sentencia previa (julio de 2024) que definía la cantera, la fábrica y el puerto como un "todo indivisible". Para la cementera, pretender que el puerto desaparezca mientras la fábrica sigue en pie es una amputación logística que paralizaría el suministro de cemento en las islas.
El fantasma del despilfarro económico. La compañía califica la orden de demolición como una "temeridad". Si la justicia termina dándoles la razón en el futuro, el coste de reconstruir lo demolido superaría los 38 millones de euros. Un despilfarro que, advierten, recaería sobre las arcas públicas.
El plan de Puertos Canarios
Desmantelar para abrir el espacio al uso recreativo y turístico. El argumento de la empresa asturiana: Si el puerto cierra, 100 camiones pesados diarios deberán circular por las carreteras del sur para mover materias primas, aumentando la huella de carbono en 3.000 toneladas de CO2 al año. El Puerto de Santa Águeda mueve casi medio millón de toneladas al año. Es el corazón logístico que alimenta la construcción en las siete islas. Sin embargo, el avance del modelo turístico parece no tener freno, y la coincidencia del silencio de los propietarios (Masaveu y Votorantim) con la resolución de desmantelamiento sugiere que el destino del sur de Gran Canaria ya no se escribe con cemento, sino con hamacas y hoteles.
La pelota está ahora en el tejado del juez. De su decisión sobre estas medidas cautelares depende que Santa Águeda siga siendo el núcleo industrial del siglo XX o se convierta definitivamente en el paraíso turístico del siglo XXI. En Canarias, la historia no solo se escribe en el papel, se graba en la piedra y se borra con la marea. El conflicto de Santa Águeda es el espejo de una isla que intenta decidir qué quiere ser cuando el ruido de la fábrica por fin se apague.
