El conflicto en torno a la cementera de Santa Águeda ha abandonado el terreno de la legítima discrepancia administrativa para adentrarse en el pantanoso escenario del chantaje social. La última ofensiva de Cementos Especiales de las Islas (CEISA), propiedad del grupo asturiano Masaveu y la brasileña Votorantim, solicitando medidas cautelares ante la orden de desmantelamiento de Puertos Canarios, no es solo un movimiento jurídico; es una declaración de guerra contra la lógica de progreso de Gran Canaria.
Es imperativo denunciar la estrategia de terrorismo informativo que la compañía, y proveedores con poder de firma oficial en Las Palmas, está ejerciendo sobre la ciudadanía del sur. Amenazar con colapsar la principal arteria de la isla con cien camiones diarios y castigar los pulmones de los grancanarios con 3.000 toneladas de CO₂ adicionales es una táctica mezquina. No se busca el diálogo, se busca la capitulación de la administración pública mediante el miedo. CEISA pretende que el interés general se doblegue ante una concesión caducada que ya ha cumplido con creces su ciclo histórico tras 70 años de explotación.
Especialmente grave resulta la maniobra orquestada en torno a las cifras de empleo. Maspalomas24H tiene constancia de una inflación artificial del número de trabajadores por parte de empresas subcontratistas. En un ejercicio de cinismo moralmente reprobable, estos actores han preferido jugar la "carta sindical" y la agitación social en lugar de acudir a su patronal correspondiente para negociar la transición lógica de un sector en reconversión. Es inaceptable que se utilice la angustia de las familias para blindar privilegios industriales que tienen los días contados.
No menos cuestionable es el papel del Comité de Empresa de CEISA. Resulta inaudito que la representación de los trabajadores haya permitido que la dirección de la empresa instrumentalice sus puestos de trabajo en una partida de ajedrez inmobiliario. El Comité ha fallado en su labor de fiscalización previa, dejando que la partida sindical se juegue fuera de los cauces éticos y permitiendo que la patronal dicte un relato donde el trabajador es usado como escudo humano frente a la ley.
La salida propuesta en Fuerteventura, con una concesión de 6.000 metros en Puerto del Rosario, es una solución equilibrada que garantiza la producción sin hipotecar el futuro turístico del sur de Gran Canaria. Persistir en el bloqueo de Santa Águeda, inflando datos y amenazando con el caos circulatorio, solo confirma que la dirección de la cementera ha perdido el contacto con la realidad de Canarias que la ha acogido durante siete décadas. La justicia y la administración no deben ceder. El futuro del sur de Gran Canaria no puede ser rehén de una industria que, ante su inevitable traslado, decide quemar las naves a costa del bienestar de los ciudadanos.
