Un día después del tradicional sorteo de la Lotería Nacional y el Premio Gordo en España, el Boletín Oficial del Estado ha publicado este 23 de diciembre la Ley 6/2025, de 10 de diciembre, de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, aprobada por el Parlamento autonómico y promulgada conforme al artículo 47.1 del Estatuto de Autonomía. Con esta publicación, la Comunidad Autónoma de Canarias activa el marco legal que busca reordenar una de las mayores tensiones estructurales del Archipiélago: el equilibrio entre uso turístico y residencial, especialmente visible en municipios turísticos como Maspalomas, en el sur de Gran Canaria.
La norma, que aparece oficialmente en el Boletín Oficial del Estado, parte de un diagnóstico contundente. Al inicio de la tramitación legislativa, en 2023, las plazas ofertadas en viviendas turísticas ya representaban proporciones muy elevadas respecto a la población residente en varias islas: El Hierro (16,10%), Fuerteventura (22,53%), La Gomera (16,68%), La Palma (7,39%), Lanzarote (21,22%), Gran Canaria (6,43%) y Tenerife (9,72%). Desde entonces, subraya la ley, estas cifras se han incrementado significativamente, agravando el desajuste entre residentes y turistas en la modalidad de vivienda vacacional.
El texto legal baja al detalle provincial y municipal, donde Maspalomas emerge como uno de los focos críticos. En el momento del análisis, las viviendas turísticas sobre el total censado alcanzaban el 4,37% en la provincia de Las Palmas y el 3,78% en Santa Cruz de Tenerife. A escala local, los porcentajes eran aún más reveladores: Yaiza (22%), La Oliva (21,50%), San Bartolomé de Tirajana (10,62%), Adeje (13,35%), Hermigua (10,72%), Frontera (8,06%) y Fuencaliente de La Palma (8,35%). La propia ley reconoce que todos estos umbrales han sido superados, reforzando la urgencia regulatoria en destinos maduros como Maspalomas.
El legislador conecta este crecimiento con otro dato estructural: la caída drástica de la construcción de vivienda en Canarias desde la crisis financiera de 2008. En 2022 solo se construyeron 2.782 viviendas, frente a 3.011 en 2021, 1.341 en 2020, 3.103 en 2019 o 2.192 en 2018. A ello se suma un hecho clave para municipios turísticos tensionados: en 2018, 2020 y 2021 no se construyó ninguna vivienda protegida en Canarias; en 2019 solo 60 y en 2022, 208.
Con estos mimbres, la ley plantea un escenario de difícil corrección a corto plazo. Para reponer como uso residencial permanente las 60.146 viviendas actualmente destinadas al uso turístico, y manteniendo un ritmo medio de 3.000 viviendas nuevas al año, serían necesarios al menos veinte años, sin contar el crecimiento poblacional adicional. En paralelo, el texto advierte que un incremento del 25% anual de viviendas turísticas, cruzado con la baja producción de vivienda nueva, añadiría casi 7.000 viviendas al año al déficit residencial.
El diagnóstico es claro y especialmente relevante para Maspalomas: la oferta de vivienda no es elástica a corto plazo, ya que la mayoría de las viviendas turísticas no se crean con obra nueva, sino mediante cambios de uso de viviendas existentes, restándolas al mercado residencial habitual. La Ley 6/2025, ya publicada en el BOE, nace así con la ambición de ordenar el crecimiento, proteger el derecho a la vivienda y redefinir el modelo turístico en territorios donde la presión, como en el sur de Gran Canaria, ha alcanzado niveles estructurales.
