Que nadie se engañe con el lenguaje de madera de los boletines oficiales. Cuando la Viceconsejera de Planificación Territorial, Elena Zárate Altamirano, firma el anuncio de sometimiento a información pública de la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan El Veril, no está simplemente cumpliendo un trámite. Está lanzando una moneda al aire en el tablero más convulso de San Bartolomé de Tirajana.
Hablamos del eterno proyecto de la familia Kiessling. Una inversión que ha pasado por más juzgados que una estrella del rock y que ahora entra en la fase crítica: 45 días hábiles para que el ecologismo, los intereses contrapuestos y los defensores de la "competitividad" saquen los cuchillos. Es la Evaluación Ambiental Ordinaria, el examen de selectividad para un proyecto que pretende transformar una vaguada seca en el mayor parque acuático de Europa.
La trampa del "Documento de Alcance"
El anuncio es sibilino. Dice la Viceconsejería, con esa frialdad que solo da el poder, que el objeto de esta consulta es recabar información para el "Documento de Alcance" sin valorar otro tipo de consideraciones. Es decir, aquí se habla de pájaros, de barrancos y de impacto visual. El dinero, el empleo y las guerras de familias hoteleras deben quedarse, de momento, fuera de la sala.
Pero en Canarias sabemos que lo ambiental es la trinchera perfecta para la guerra política. El Borrador del Plan de Modernización y su Documento Inicial Estratégico están ya sobre la mesa. Son los planos de una batalla que dura ya una década. El Gobierno de Canarias, bajo la batuta de Coalición Canaria y sus socios, intenta con este movimiento reactivar el motor de la competitividad en el Sur, ese "lujo resiliente" del que hablábamos en las crónicas del poder económico, mientras los críticos afilan sus alegaciones sobre el consumo de agua y el impacto en el litoral de Playa del Inglés.
Un calendario de vértigo para 2026
Los 45 días hábiles sitúan el final de esta fase en el umbral de la primavera de 2026. Si el expediente sale limpio de este proceso, el Siam Park grancanario habrá superado su penúltimo obstáculo. Pero en San Bartolomé nada es sencillo. Entre contenedores de basura que no se recogen y contratos municipales bajo sospecha, el PMM de El Veril se levanta como la joya de la corona... o como el último mausoleo de la burocracia canaria.
Estaremos atentos. Porque tras la firma de Zárate Altamirano y los plazos de la Ley 21/2013, lo que se ventila no es solo un informe ambiental, sino quién manda realmente en los terrenos que miran al Atlántico. El Veril vuelve a estar sobre la mesa de los juicios, como si el agua que todavía no fluye por sus toboganes fuera ya la sangre de una herida que no cierra. No saben los que escriben leyes que el paisaje tiene su propia memoria, y que por más planes de modernización que se firmen, la tierra siempre termina por recordar a quién perteneció antes de que el dinero le pusiera un nombre extranjero. Cuando se apaguen los ruidos de las alegaciones y se sequen las tintas de los informes, el mar seguirá ahí, ajeno a los plazos hábiles, sabiendo que el único plan que no se puede recurrir es el de las olas regresando siempre a la misma orilla.
