Detrás de los nombres rimbombantes y los discursos sobre la descarbonización, lo que hoy se cocina en los despachos de la Dirección General de Energía en Las Palmas es una operación de pura y dura transferencia de derechos de propiedad. El beneficiario tiene nombre de filial, Mocán Renovables, S.L., pero el ADN pertenece a la galaxia de Ecoener, el grupo capitaneado por Luis de Valdivia, que ha encontrado en el sur de Gran Canaria su particular El Dorado.
La lista de afectados es una radiografía del poder y la herencia en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. No hay piedad burocrática. Entre los nombres que aparecen en el anexo de expropiación, destaca el de la familia Rodríguez Hernández, con Adoración Hernández Perdomo a la cabeza. Se les arrebata una servidumbre permanente de nada menos que 104.571 metros cuadrados de suelo rústico en la Parcela 18 del Polígono 11. Una enormidad de tierra agrícola que pasará de cultivar tomates o forraje a "cultivar" silicio.
El anuncio del expediente ER211834 es el acta de defunción de la autonomía de varios terratenientes y familias históricas en los Llanos de Juan Grande. Bajo la excusa de la "hibridación" del parque eólico San Bartolomé —un eufemismo técnico para plantar más de 10.000 paneles solares donde ya hay molinos—, la administración se dispone a aplicar el rodillo de la Utilidad Pública.
Los nombres del sacrificio: De la estirpe a la corporación
Pero el hambre de Ecoener no se detiene en las familias. También muerde en los grandes imperios agrícolas. Agrícola Bonny, S.L. y Juliano Bonny Gómez SRL ven cómo la línea de evacuación de 2,2 kilómetros les cercena más de 1.500 metros de terreno. Ni siquiera los Castillo Bravo de Laguna, nombre que es sinónimo de historia viva en la isla, se libran del avance de las renovables: Alejandro y Pedro Fernando del Castillo, junto al Grupo Inmobiliario Tinojai, aparecen en la lista de los señalados para que la energía fluya hacia la subestación de Aldea Blanca.
La burbuja verde y el presupuesto del "negocio redondo"
La operación asciende a 3,3 millones de euros. Un presupuesto que parece calderilla para un grupo que cotiza en bolsa y que se beneficia de un sistema donde el riesgo lo pone el paisaje y la utilidad pública la paga el vecino. Se trata de hibridar, de optimizar, de inflar el balance mientras se vacía el territorio de su sentido original. El sur de Gran Canaria se ha convertido en un tablero de Monopoly donde las fichas verdes siempre ganan. Da igual que sea suelo rústico de protección agraria; cuando la Dirección General de Energía dice "Utilidad Pública", el derecho a la propiedad se disuelve como el azúcar en el café.
