El castillo de naipes regulatorio que el PSOE del Patronato de Turismo de Gran Canaria y sus socios de gobierno habían construido para asfixiar la Vivienda Vacacional (VV) acaba de sufrir una grieta que amenaza con derribar toda la estructura. En un auto demoledor fechado el 17 de diciembre de 2025, al que ha tenido acceso Maspalomas24H, el Tribunal Supremo no solo ha aceptado revisar el recurso de un propietario particular, sino que ha puesto en duda el dogma central de la política turística del Cabildo: la exclusividad de los grandes explotadores.
Durante años, la administración grancanaria ha utilizado el "principio de unidad de explotación" como un garrote legal para declarar la "imposibilidad de continuar la actividad" de cientos de pequeños propietarios. La tesis del PSOE y el Patronato de Turismo era sencilla y tajante: si un edificio nació como turístico, solo una empresa puede gestionarlo. Si usted tiene un apartamento allí, o se lo entrega al explotador oficial o lo deja vacío; el alquiler vacacional por cuenta propia era, de facto, ilegal.
El magistrado ponente, Diego Córdoba Castroverde, ha sido directo al detectar que esta interpretación podría estar vulnerando derechos fundamentales de libre mercado. El Supremo subraya que existe un "interés casacional objetivo" porque el criterio del PSOE de Gran Canaria afecta a un "número enorme de situaciones individuales" y a la economía de miles de familias en "Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife".
El Tribunal Supremo sospecha que la administración canaria ha estirado la Ley de Ordenación del Turismo de 1995 para crear una barrera que la ley nacional de Unidad de Mercado no permite. El auto cuestiona si esta prohibición es realmente una medida de calidad o si es, simplemente, una "limitación a la libre prestación de servicios" que carece de una "razón imperiosa de interés general" que la justifique.
Para el PSOE de Gran Canaria, esta decisión es un desastre de relaciones públicas y jurídicas. Han defendido que la VV era el "cáncer" del modelo turístico, pero el Supremo les recuerda ahora que las leyes de la Unión Europea y la libertad de empresa están por encima de los decretos locales. El auto es cristalino al plantear si el principio de unidad de explotación "supone una limitación injustificada" para el ciudadano frente al gran lobby hotelero.
El "truco" de la administración —el de forzar a los propietarios a ser "vasallos" de un único explotador— ha sido expuesto. Si el Supremo finalmente falla a favor del propietario, el Cabildo de Gran Canaria no solo habrá perdido una batalla judicial, sino que se enfrentará a una avalancha de reclamaciones de responsabilidad patrimonial por haber prohibido ilegalmente una actividad económica legítima durante años.
