La crisis interna de Nueva Canarias (NC) ha alcanzado su punto de no retorno. En una decisión sin precedentes por su alcance, el Consejo Político Nacional de la formación ha declarado oficialmente como “tránsfugas” a 22 cargos públicos que abandonaron el partido para integrarse en la corriente Renovación (Prica). Esta medida, según Espiral21, afectaría a figuras de primer nivel del sur de Gran Canaria, incluyendo a concejales de San Bartolomé de Tirajana y al alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García. En Las Palmas, al concejal de Movilidad de la capital, José Eduardo Ramírez, y al consejero del Cabildo, Raúl García Brink.
El "cerco" se estrecha tras un informe jurídico encargado al catedrático Francisco Jiménez Cisneros, que avala la degradación de estos políticos a la categoría de no adscritos. Según el comunicado emitido por el secretario de Organización, Carmelo Ramírez, la conducta de estos cargos constituye una "traición" al sujeto político que los presentó a las elecciones. NC se ampara en el Pacto Antitransfuguismo de 2020 para exigir que los implicados pierdan sus privilegios económicos y sus funciones actuales en las instituciones donde gobiernan.
La lista, descrita por algunos sectores como una "mota negra" al estilo de la literatura de piratas, incluye también a nombres potentes de la oposición como Samuel Henríquez en San Bartolomé de Tirajana. El argumento central de la dirección de NC es que, al causar baja voluntaria en el partido pero negarse a entregar el acta, los 22 representantes están vulnerando la voluntad del electorado. Este movimiento busca forzar su salida de los grupos municipales y del Cabildo, dejándolos en una situación de aislamiento institucional.
Por el momento, el escenario es de máxima incertidumbre. Aunque la declaración de transfuguismo ya es firme a ojos del partido, queda por ver cómo reaccionarán los plenos de los ayuntamientos de Santa Lucía, Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Ingenio, Teror y Arucas, además del Cabildo de Gran Canaria. La gran incógnita es si estos cargos mantendrán sus nóminas y competencias o si los pactos de gobierno actuales saltarán por los aires ante la presión de una Nueva Canarias que ya no los reconoce como propios.
