El sur de Gran Canaria afronta un riesgo laboral poco analizado si se consolida un escenario de retorno de parte de la diáspora venezolana. En Canarias trabajan cerca de 100.000 ciudadanos venezolanos afiliados a la Seguridad Social, una de las comunidades extranjeras más relevantes del Archipiélago. En municipios turísticos del sur grancanario —San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Santa Lucía— su presencia es especialmente intensa en hostelería, restauración, limpieza y servicios auxiliares vinculados al turismo.
La hostelería canaria emplea a unos 175.000 trabajadores, de los cuales más del 40 por ciento son de origen extranjero. Eso equivale a aproximadamente 70.000 personas no nacidas en España sosteniendo el principal sector económico de las islas.
En zonas como Playa del Inglés, Maspalomas o Puerto Rico, la proporción real de mano de obra extranjera es superior a la media regional y se acerca en algunos subsectores al 50 por ciento, especialmente en categorías como camareros, ayudantes de cocina y camareras de piso.
Si solo un 10 por ciento de los trabajadores venezolanos actualmente empleados en Canarias optara por regresar a su país, la salida potencial rondaría las 10.000 personas. Aplicando el peso sectorial real, entre 6.000 y 7.000 de esos empleos corresponderían directamente a hostelería y restauración.
En el sur de Gran Canaria, donde el mercado laboral es más estrecho y estacional, esa pérdida tendría un impacto inmediato sobre la oferta de trabajo disponible en plena temporada alta.
Este ajuste no implicaría necesariamente una mejora salarial automática. La experiencia reciente demuestra que la hostelería canaria ya opera con tensiones estructurales. En marzo del último ejercicio disponible, el empleo turístico creció interanualmente, pero la hostelería perdió más de 13.000 afiliados en términos netos, lo que indica problemas de retención y rotación incluso antes de cualquier choque migratorio.
El salario medio mensual en hostelería en Canarias se sitúa alrededor de los 1.500–1.600 euros brutos, entre un 10 y un 15 por ciento por debajo de la media nacional.
La salida de trabajadores venezolanos podría generar un efecto perverso en los salarios. En un primer momento, la escasez de mano de obra presionaría al alza las ofertas, con incrementos estimados entre el 10 y el 20 por ciento para cubrir vacantes críticas.
Sin embargo, esa presión se vería rápidamente neutralizada si parte de esa mano de obra no abandona el Archipiélago, sino que se recoloca en otros sectores menos duros o mejor remunerados, como logística, comercio, servicios personales o incluso economía informal.
En ese escenario, la hostelería perdería trabajadores sin ganar poder negociador real. El resultado sería una subida de costes laborales parcial, desordenada y concentrada solo en determinados perfiles, mientras otros puestos quedarían sin cubrir o serían ocupados por trabajadores con menor cualificación.
Para el empresariado turístico del sur de Gran Canaria, esto se traduce en menor productividad por empleado y mayor presión sobre márgenes, especialmente en un contexto de aumento de costes energéticos, alimentarios y financieros.
En términos macroeconómicos, la pérdida de 7.000 trabajadores en hostelería representa apenas un 0,4 por ciento del empleo turístico total de Canarias, pero supone cerca del 10–15 por ciento de la mano de obra extranjera activa en el sector. En economías turísticas maduras y altamente dependientes del factor trabajo, como la del sur grancanario, estos porcentajes tienen efectos no lineales: menos camas operativas, menor rotación de mesas, reducción de servicios complementarios y, en última instancia, menor ingreso por turista.
El eventual regreso de la diáspora venezolana no sería, por tanto, un fenómeno neutro. Para el sur de Gran Canaria plantea un dilema clásico de economías turísticas avanzadas: sin una política activa de salarios, vivienda y condiciones laborales, la salida de trabajadores no corrige desequilibrios históricos, sino que los amplifica. El riesgo no es solo pagar más, sino producir menos.
