En el corazón de la industria turística del sur de Gran Canaria, donde la seguridad es el cimiento de la confianza del inversor y del visitante, un suceso ha puesto de relieve la vulnerabilidad de los sistemas de mantenimiento donde interviene hasta la cooperativa de taxis de Maspalomas como perjudjicada. La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial contra EAS —un multirreincidente con un historial delictivo extinguido apenas meses antes de estos hechos— y su hijo, EAP, acusados de convertir un complejo de apartamentos en su centro de operaciones criminales.
La operación, que se remonta a junio de 2025, comenzó con la okupación ilegal del bungalow 525 en un complejo del sur de Gran Canaria. Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Maspalomas24H, los acusados no solo se instalaron sin autorización, sino que lo hicieron tras obtener de forma ilícita una llave maestra destinada exclusivamente al personal de limpieza y mantenimiento. Este instrumento les otorgó acceso "invisible" a diversas unidades del complejo, permitiéndoles vulnerar la intimidad de los huéspedes con una facilidad alarmante.
La actividad delictiva desplegada por EAS fue frenética. En apenas 48 horas, el acusado utilizó la llave maestra para acceder a cuatro apartamentos diferentes mientras los turistas se encontraban en el complejo. Entre los hechos relatados por la fiscalía, destaca el asalto al apartamento 521, donde fue sorprendido por una huésped mientras registraba una mochila. Lejos de desistir, continuó su "ruta" por los bungalows 601, 603 y 560, sustrayendo carteras, relojes, dinero en efectivo y dispositivos de alta gama como un iPhone 14 y Airpods.
La cooperación entre padre e hijo alcanzó su punto álgido en el uso de los activos robados. Horas después de sustraer una cartera, ambos se dirigieron a la estación de servicio Cepsa de la "Cooperativa de Taxis" en San Bartolomé de Tirajana. Allí, utilizando una tarjeta de crédito robada, realizaron cargos fraudulentos para obtener beneficios inmediatos. Esta acción ha motivado que la Fiscalía añada un delito de estafa a la lista de cargos, que ya incluye okupación de bien inmueble y un delito continuado de robo con fuerza en casa habitada.
Para EAS, la situación jurídica es especialmente grave. El fiscal subraya que el acusado es un reincidente que acumulaba tres condenas previas por robo con fuerza cuyas penas terminaron de extinguirse el 17 de marzo de 2025, solo tres meses antes de iniciar esta nueva oleada delictiva. Por ello, la petición de cárcel para el padre asciende a los 6 años y 6 meses de prisión, mientras que para el hijo se solicitan penas de multa y prisión por su participación en la ocupación y la estafa bancaria.
Este caso trasciende lo penal para entrar en lo estratégico. En un momento en que Canarias proyecta sus Fuerzas de Seguridad como garantes de la paz social para proteger el turismo, el uso de "llaves maestras" por parte de delincuentes comunes representa una fisura en el blindaje del destino. La rapidez en la instrucción del Juzgado de San Bartolomé de Tirajana y la firmeza del Ministerio Fiscal envían un mensaje claro a los mercados: la protección del cliente y de la propiedad turística es una prioridad absoluta. El acusado EAS permanece en prisión provisional sin fianza desde junio de 2025, a la espera de un juicio que no solo juzgará unos robos, sino la violación de la seguridad de uno de los motores económicos de la isla.
