Por años, el mapa energético español ha tratado al sur de Gran Canaria como un territorio funcional: lejos del centro de decisión, cerca del viento, del mar profundo y de la frontera tecnológica. Ahora, con la primera gran convocatoria estatal para adaptar puertos al despliegue de renovables marinas, ese papel se formaliza. El Gobierno ha puesto sobre la mesa 212 millones de euros para preparar la infraestructura portuaria que hará posible la eólica marina ‘offshore’ y otras tecnologías oceánicas. Y, como en anteriores ensayos energéticos, Canarias —y en particular el sur de Gran Canaria— vuelve a aparecer como banco de pruebas.
El programa, bautizado como Port-Eolmar, canaliza ayudas públicas para transformar puertos de interés general en bases logísticas capaces de sostener la construcción, montaje y mantenimiento de parques eólicos marinos. Dentro del reparto territorial, la señal es clara: la subregión atlántica macaronésica de Canarias contará con una preasignación de 30 millones de euros, frente a los 100 millones del eje cantábrico-ibérico y los 82 millones del Mediterráneo. No es la mayor cifra, pero sí la más simbólica: Canarias entra en la ecuación no como volumen, sino como territorio estratégico.
Para el sur de Gran Canaria, esta decisión encaja con una lógica ya conocida. Aquí han aterrizado históricamente los proyectos que combinan riesgo tecnológico, validación industrial y menor coste político. Desde los primeros desarrollos eólicos terrestres hasta los experimentos con renovables marinas y sistemas híbridos, la isla ha funcionado como plataforma de ensayo antes de la escalabilidad peninsular. La diferencia ahora es que el Estado no se limita a autorizar: financia la infraestructura portuaria que hace viable la industria.
El diseño del programa revela una condición clave: las ayudas no van solas. Cada puerto que aspire a captar fondos deberá vincular su proyecto a un desarrollo industrial sólido, con una inversión privada igual o superior a la subvención solicitada y con un horizonte mínimo de diez años. No se trata de obras aisladas, sino de ecosistemas industriales: concesiones, operadores privados, empleo local y una cadena de valor anclada al territorio. Para un enclave como el sur grancanario —con suelo limitado y una economía fuertemente turística— el mensaje es inequívoco: la eólica marina no llega como paisaje, sino como uso intensivo del espacio portuario.
El Estado ha delegado la gestión de estas ayudas en el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que evaluará la madurez de los proyectos, su tramitación ambiental, la capacidad logística y el impacto económico. La condición ambiental es explícita: ningún proyecto podrá vulnerar el principio de no causar daño significativo. En Canarias, donde el debate social sobre el territorio es especialmente sensible, este punto será tan determinante como la ingeniería.
Más allá de las cifras, el movimiento de Madrid confirma una lectura estratégica: la eólica marina española se construirá desde los puertos, y algunos de ellos —por condiciones oceanográficas y experiencia previa— están en Canarias. El sur de Gran Canaria reúne varias ventajas silenciosas: proximidad a aguas profundas, vientos estables, experiencia portuaria y una larga convivencia con infraestructuras energéticas que nunca fueron pensadas para el consumo local, sino para el sistema en su conjunto.
La pregunta ya no es si la eólica marina llegará al sur de la isla, sino qué modelo de implantación se impondrá. Si será una nueva capa industrial integrada en el territorio o un enclave altamente especializado con escasa permeabilidad local. Madrid ha abierto la mano. Ahora, como tantas otras veces en la historia energética de Canarias, el sur del sur vuelve a quedar en el centro del experimento.
