El arranque del año 2026 en el archipiélago ha situado bajo los focos mercantiles la compleja arquitectura de uno de los mayores imperios empresariales de Canarias. El cerco legal sobre el Grupo Santana Cazorla ha tomado una dimensión crítica tras la intervención del Juzgado Mercantil Nº 2 de Las Palmas, donde el Magistrado-Juez Juan Avello Formoso ha dictado medidas cautelares de calado sistémico.
A través de un auto fechado el pasado 11 de noviembre de 2025, el magistrado ha ordenado no solo la suspensión de una resolución previa de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sino también la anotación preventiva de la demanda en la hoja registral de la sociedad. Este movimiento técnico supone, en la práctica, un blindaje de la hoja registral ante cualquier intento de alteración estructural o patrimonial, enviando un mensaje de alerta a los mercados y garantizando que cualquier movimiento de los activos del grupo permanezca bajo una estricta vigilancia judicial.
Este escenario de intervención se solapa con la reestructuración forzosa de sus filiales, como es el caso de Promociones Isla Verde, S.A., entidad clave que se encuentra actualmente en fase de liquidación. En la última convocatoria de su Junta General, celebrada ante notario en Arguineguín, el liquidador único Ignacio Pérez Coloma presentó un informe que revela la recuperación de activos críticos tras una sentencia favorable contra la mercantil Katanga, S.L. en una acción reivindicatoria.
La aparición de estos "activos sobrevenidos" ha obligado a dilatar el proceso de liquidación, alterando el calendario de pagos y devolviendo al balance de la sociedad bienes que se daban por perdidos. Este "tesoro" recuperado añade una capa de complejidad al proceso, obligando a los acreedores a replantearse el valor real de la masa de liquidación en un entorno de alta volatilidad jurídica.
La crisis interna del grupo se manifiesta con especial crudeza en el control de su accionariado y la identificación de sus propietarios reales. Durante la misma junta, se abordó el ejercicio del derecho de adquisición preferente por parte de los socios sobre los paquetes de acciones que pertenecían a Santiago Santana Cazorla, los cuales habían sido embargados por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de San Bartolomé de Tirajana.
Para asegurar que no existan fugas de control hacia terceros no deseados, la sociedad ha procedido a la anulación total de los títulos al portador para sustituirlos por acciones nominativas, tal y como exige la Ley de Sociedades de Capital. Este proceso de "limpieza" registral busca erradicar la opacidad en la propiedad de los títulos y establecer un nuevo Libro Registro que permita saber, con nombres y apellidos, quién ostenta realmente el poder político y económico en la entidad.
Este proceso de desmantelamiento controlado ha requerido un ajuste en las reglas de juego internas, incluyendo la modificación de los estatutos sociales para regular la retribución del órgano de liquidación y la gestión de las cuentas anuales de los ejercicios 2023 y 2024. El caso de los Santana Cazorla representaría el fin de una era de gestión personalista y la transición hacia un modelo de "compliance" y supervisión judicial extrema. Lo que está en juego en el Juzgado Mercantil Nº 2 no es solo el futuro de una serie de activos inmobiliarios, sino la fiabilidad del sistema registral y judicial español para gestionar la caída de grandes conglomerados que, durante décadas, fueron los pilares del desarrollo turístico y logístico en Canarias.
