Esta noticia no es del sur de Gran Canaria pero la contamos porque en Las Palmas hay apagón informativo y la sociedad tiene derecho a saber el trabajo de los funcionarios del Poder Judicial en favor de la democracia. El caso es que lo que comenzó como una denuncia local en la isla de Fuerteventura se ha transformado este enero de 2026 en el mayor desafío judicial y reputacional para el sector energético en la historia del archipiélago y en España de una compañía petrolera. La Fiscalía de Las Palmas ha lanzado un torpedo a la línea de flotación de Cepsa (ahora rebautizada como Moeve), solicitando multas que superan los 13 millones de euros y, en un movimiento jurídico sin precedentes por su contundencia, la "disolución" de la compañía por un fraude fiscal masivo y sistemático. Una empresa de Fuerteventura es la denunciante y el Gobierno de Canarias es acusación particular en un caso donde tiene funcionarios de la Hacienda Canaria imputados.
El escrito de acusación del fiscal Tomás Fernández de Páiz describe una operativa "deliberada y sistemática" ejecutada a través de su filial Petrocan. Entre 2016 y 2021, la petrolera habría importado gasóleo a las islas bajo la denominación comercial "Diésel Oil Industrial", pero liquidándolo ante la Agencia Tributaria Canaria como si fuera fuelóleo. La diferencia tributaria es abismal. Mientras el gasóleo tributa a 222 euros por cada 1.000 litros, el fuelóleo (un combustible de menor calidad para grandes buques o centrales) apenas paga 56 céntimos por tonelada métrica.
Esta "alquimia" administrativa permitió a la compañía dejar de ingresar ilícitamente 7,7 millones de euros al erario regional, con picos de fraude que superaron los 2,3 millones solo en el año 2019. La acusación no solo apunta a la persona jurídica. La Fiscalía solicita una pena agregada de 28 años de prisión y multas de 25 millones de euros para María Inés Martínez, responsable del Área de Impuestos Indirectos de la compañía, a quien señala como la decisora detrás de la estrategia de distribución mayorista fraudulenta.
Sin embargo, el aspecto más corrosivo para las instituciones canarias es la implicación de la propia Agencia Tributaria Canaria. Según el fiscal, el organismo hizo "oídos sordos" hasta en tres ocasiones a las denuncias presentadas por la empresa IR Maxoinversiones desde Fuerteventura. Tres altos funcionarios, incluyendo a la actual subdirectora de Grandes Contribuyentes, se enfrentan a penas de inhabilitación por omisión del deber de perseguir delitos, habiendo permitido que transcurrieran 28 meses de inactividad mientras el fraude seguía desangrando las arcas públicas.
El Ministerio Fiscal ha decidido aplicar la mano dura prevista en el Código Penal para delitos económicos agravados: Suspensión de Actividad: Se solicita el cese de operaciones de la empresa durante cuatro años. Y pena de muerte societaria: Por cinco de los seis delitos contra la Hacienda Pública, se pide la disolución definitiva de la empresa.
Este caso trasciende lo judicial para convertirse en un problema de estabilidad para el Gobierno de Canarias. En un momento en que la región lucha por una mayor autonomía fiscal y una gestión eficiente de los fondos europeos, la revelación de que su propia Agencia Tributaria Canaria ignoró denuncias sustanciales contra uno de sus mayores contribuyentes es devastadora. Para Moeve (Cepsa), el rebranding no podrá ocultar el hecho de que su futuro en el Atlántico ya no solamente para el suministro de coches sino de buques y aviones está ahora en manos de un tribunal que debe decidir si aplica la sanción más extrema del derecho mercantil español. Si el gigante cae, el suministro energético y la logística en Canarias entrarían en un territorio desconocido.
