El anuncio del Ministerio de Asuntos Exteriores de España de este miércoles es el equivalente a tirar un cubo de agua fría sobre el parqué de una bolsa en plena ebullición. Mientras el Cabildo descorcha champán por los récords de facturación, el Gobierno central desde Madrid ha decidido que ya basta de que el sur de Gran Canaria sea el Monopoly privado de Europa. La propuesta enviada a Bruselas para restringir la compra de viviendas a no residentes es un reconocimiento implícito de que el éxito turístico ha canibalizado el derecho a la vivienda.
Si la Comisión Europea da luz verde a esta reforma, el sur de la isla de Gran Canaria vivirá un ajuste de valor sísmico. Los activos inmobiliarios podrían dejar de ser "oro líquido" para los inversores de Fráncfort, Oslo o Londres, devolviendo quizás algo de aire a los residentes, pero poniendo en duda si el modelo de "facturación récord" puede sostenerse cuando el capital inmobiliario decida buscar pastos más verdes y menos regulados.
Resulta casi poético: queremos que el turista nacional venga más y gaste más —los famosos 136 euros diarios—, pero estamos pidiendo permiso a la Comisión Europea para ponerle un candado a la puerta si decide que, después de su estancia, le gustaría quedarse con las llaves de la casa.
Desde la óptica financiera, es un intento de revertir la "ley de la selva" inmobiliaria en un territorio limitado y fragmentado. Con una de cada cuatro viviendas en manos extranjeras, el mercado en las islas ha dejado de responder a la oferta y la demanda local para convertirse en un activo de refugio para capitales foráneos.
El Gobierno busca ahora que Bruselas utilice el estatus de Región Ultraperiférica (RUP) para hacer una excepción con la libre circulación de capitales, ese pilar sagrado de la UE que, en el caso canario, ha terminado por inflar los precios hasta expulsar a los jóvenes y colectivos vulnerables del mercado. Es el proteccionismo intentando poner parches a un modelo que ha muerto de éxito.
Esta maniobra legislativa choca frontalmente con la euforia estadística del sector. ¿Cómo le explicas a un inversor italiano, que forma parte de ese mercado emergente que crece al 22%, que es bienvenido a gastar en los restaurantes de Mogán pero que tiene prohibido adquirir un apartamento en la zona? La estrategia de "fomentar la movilidad por toda la isla" se da de bruces con una realidad donde el alojamiento no residencial ya supone el 25% del parque.
Al intentar restringir la compra de viviendas que no sean para uso habitual, el Gobierno está intentando pinchar la burbuja inmobiliaria sin dañar la burbuja turística, un ejercicio de equilibrismo macroeconómico que rara vez termina sin que alguien se rompa un hueso. Gran Canaria se ha convertido en el laboratorio de una crisis de identidad económica. Por un lado, se celebra que el turista gaste como nunca; por el otro, se corre a Bruselas para pedir que se limite el acceso de esos mismos turistas al mercado de propiedad. Es la paradoja final: queremos que dejen el dinero, pero que no echen raíces.
