En un manifiesto de urgencia que resuena con la sobriedad analítica de Las Palmas, el Círculo de Empresarios de Gran Canaria ha entrado en 2026 con una advertencia severa: el motor económico del archipiélago se enfrenta a un estrangulamiento estructural. Según la organización, la combinación de una crisis de vivienda sin precedentes y una alarmante escasez de capital humano está erosionando la competitividad de Canarias, con un impacto crítico en el sur de Gran Canaria, donde la industria turística lucha por mantener sus estándares de calidad frente a una burocracia que describen como "anacrónica".
El diagnóstico del Círculo identifica la vivienda no solo como un problema social, sino como la principal barrera de entrada para el talento global y la movilidad laboral interna. En las zonas adyacentes a los núcleos turísticos de San Bartolomé de Tirajana y Mogán, la escalada de precios ha desalineado el mercado residencial de la realidad salarial, dificultando que las empresas del sector servicios cubran incluso sus vacantes más básicas. Para revertir esta "amenaza a la cohesión", la patronal propone un Plan Exprés de Suelo Apto y la creación de un Observatorio de la Vivienda que aporte la transparencia técnica necesaria para desbloquear licencias que, actualmente, se pierden en los "cuellos de botella" de las administraciones locales.
Más allá del sector inmobiliario, el manifiesto subraya un déficit de talento que ya frena la transición hacia un modelo de turismo de mayor valor añadido. El Círculo aboga por una "mesa empresa-educación" que sincronice la formación profesional con las demandas de sectores estratégicos como la digitalización y las energías renovables. La propuesta es clara: Canarias no puede permitirse el lujo de mantener niveles elevados de absentismo laboral y una desconexión entre el aula y el tejido productivo mientras compite en un mercado global cada vez más sofisticado.
La solución propuesta por la élite empresarial grancanaria pasa por un pacto social inmediato y un proyecto estratégico con la mirada puesta en 2035. Este plan busca blindar la estabilidad institucional y garantizar la seguridad jurídica, elementos esenciales para atraer inversión extranjera directa a largo plazo. En un contexto donde el bienestar "no se decreta, sino que se construye", los empresarios exigen pasar del diagnóstico a la acción regulatoria, advirtiendo que, sin eficiencia administrativa y una plataforma digital única que elimine duplicidades, el futuro de las islas seguirá hipotecado por la inacción política.
