El arranque de Fitur 2026 ha quedado marcado por una colisión frontal entre el Gobierno de Canarias y Aena. Fernando Clavijo ha lanzado una crítica severa contra el gestor aeroportuario, acusándolo de priorizar los dividendos de sus accionistas privados sobre la competitividad de un destino ultraperiférico. Esto no es solo una queja política, sino una denuncia sobre la extracción de rentas en un sector donde los costes de conectividad son el principal determinante del margen de beneficio turístico de zonas como Maspalomas.
El argumento de Clavijo es puramente estructural: califica la subida de tasas para 2026 como una maniobra para "tapar agujeros" financieros a costa de la singularidad canaria. En un momento donde los mercados emisores clave, como Reino Unido y Alemania, muestran signos de fatiga e incertidumbre macroeconómica, el encarecimiento de la operativa aérea se percibe como un lastre innecesario que compromete el yield (rendimiento) por turista.
Más allá de la cifra impositiva, el presidente canario ha reactivado una reclamación histórica basada en el Estatuto de Autonomía: la cogestión aeroportuaria. Desde una perspectiva de gestión de activos, Canarias busca sentarse en la mesa de decisiones para asegurar que el superávit que generan sus aeropuertos (históricamente los más rentables de la red de Aena) se reinvierta localmente en lugar de diluirse en el balance consolidado de la matriz para satisfacer a los mercados de capitales.
A pesar del conflicto, las cifras de 2025 (18,4 millones de turistas) proporcionan un colchón de seguridad. Sin embargo, la estrategia para 2026 vira hacia la protección del activo natural. La implementación de la tasa de acceso al Teide y la apuesta por productos selectos en cultura y gastronomía indican un cambio en el KPI (Key Performance Indicator) del éxito turístico: del volumen de llegadas a la eficiencia en la distribución de la riqueza.
18,4 millones de visitantes (récord histórico), 281.000 empleos directos en riesgo por variaciones en la competitividad aérea.
La postura de Clavijo refleja una tendencia global en destinos de éxito: la transición del crecimiento extractivo a la gestión de la capacidad de carga. El riesgo para Aena es que este descontento político derive en una inseguridad jurídica que afecte a la planificación de rutas de las aerolíneas low-cost, vitales para el flujo de caja del archipiélago.
