Un bañista arrastrado por la corriente en la Punta de Maspalomas o un surfista en apuros en la zona de Arguineguín no solo activa una respuesta heroica, sino también un complejo sistema de facturación pública que acaba de ser actualizado para 2026. Según la nueva orden de tarifas de la empresa GSC (Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias), el rescate de una persona con riesgo de ahogamiento en las costas de San Bartolomé de Tirajana o Mogán moviliza recursos cuyo coste está ahora tasado al detalle. Desde el momento en que un testigo llama al 112, el sistema empieza a certificar gastos: el personal de la sala de coordinación, los operadores que mantienen la calma del alertante y los técnicos que dirigen el operativo tienen un precio fijado para la administración, garantizando que el engranaje del servicio público no se detenga por falta de presupuesto.
En situaciones críticas de ahogamiento, donde cada segundo cuenta para evitar el daño cerebral, el despliegue en el sur de la isla suele ser masivo. Si el afectado es rescatado del agua por el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) en los acantilados de Puerto Rico, ese vuelo se factura ahora como Coste Directo de Producción. Esto significa que el Gobierno de Canarias abona a la empresa pública el coste real de las horas de vuelo, el combustible quemado sobre la costa sureña y el sueldo de los rescatadores y pilotos. Una vez en tierra, si la víctima es atendida en el propio Paseo de Meloneras por una Ambulancia de Soporte Vital Avanzado, el material médico utilizado, los fármacos de reanimación y el equipo médico también se cargan según el coste real certificado, asegurando que la unidad esté siempre repuesta y lista para el siguiente aviso.
La gestión de un ahogamiento requiere de una supervisión técnica que ahora tiene nombre y apellidos presupuestarios. Por ejemplo, si un incidente en Playa de Amadores requiere que un Titulado Superior de GSC coordine la logística de traslado hospitalario, su hora de trabajo se factura a 36,19 euros, mientras que un Titulado Medio técnico se tasa en 29,56 euros por hora. Estos importes aseguran que profesionales cualificados estén siempre disponibles para tomar decisiones críticas, como decidir si el paciente debe ser trasladado al Hospital Insular o al Doctor Negrín. Incluso la uniformidad del personal que se empapa en la orilla y los materiales de limpieza e higiene necesarios para desinfectar la ambulancia tras el servicio están contemplados en los costes indirectos aprobados en los anexos de la ley.
Para el turista o el residente que ignore la bandera roja en Playa del Inglés o se bañe en zonas peligrosas de Castillo del Romeral bajo aviso de temporal, esta nueva orden de tarifas tiene una implicación directa en caso de sanción. Si la administración decide tramitar el cobro del rescate por negligencia, ya no hay lugar a estimaciones dudosas: los anexos técnicos publicados este enero de 2026 proporcionan la "lista de precios" exacta. El infractor podría enfrentarse a una factura que sume desde los gastos de telecomunicaciones por red de radio hasta el proporcional de los seguros de la flota y el coste operativo del helicóptero. En definitiva, salvar a alguien de un ahogamiento en el sur de Gran Canaria es una prioridad absoluta y gratuita, pero la nueva normativa deja claro que el despliegue tiene un coste estructural inmenso que ahora está blindado por ley.
