En el ecosistema político del sur de Gran Canaria, las fronteras son cada vez más difusas. El PSOE, en un movimiento de billar a tres bandas, parece haber desplegado a su aliado de Valsequillo, Hablemos Ahora, para marcar el paso a la gestión de Coalición Canaria en San Bartolomé de Tirajana. Ambas fuerzas tienen un acuerdo desde 2025 y se usa para que la marca blanca no se desgaste en caso de negociar un acuerdo de gobierno con CC en 2027.
El objetivo es el concejal de Urbanismo, Alejandro Marichal (CC), y el arma elegida es un informe técnico del Servicio de Patrimonio que huele a azufre administrativo. Lo que se presenta como una exigencia de transparencia es, en realidad, el choque entre dos formas de entender el poder: la mística del "acelerador" frente a la gélida realidad de los reparos legales.
El presidente de Hablemos Ahora, José Francisco Pérez, ha irrumpido en la escena como quien sostiene un acta de defunción. El convenio con la empresa pública Visocan para construir 283 viviendas sociales —una inversión de 35 millones de euros— dice que está bajo sospecha de nulidad de pleno derecho. Según el informe de octubre de 2025, el Ayuntamiento habría navegado en las aguas de la ilegalidad: omisión de informes de Intervención, gastos millonarios sin fiscalizar y, lo más grave, el levantamiento de reparos técnicos mediante el puro voluntarismo político. Es la administración entendida como un acto de fe, donde la necesidad social se usa como escudo para perforar el procedimiento legal.
La crónica de las irregularidades desciende al detalle de lo obsceno cuando se habla de dinero contante y sonante. Ya se han transferido 500.000 euros de fondos públicos, y el informe advierte que habría que reclamar su devolución. Pero el dato que hace arquear las cejas en Maroussi y en Valsequillo por igual es la comisión de gestión: Visocan cobraría 1,6 millones de euros solo por la intermediación en la compra de las viviendas de Castillo del Romeral. Mientras, Marichal intenta mantener el rumbo de un expediente que evitar que los técnicos lo frenen.
La defensa de la Concejalía de Vivienda, limitada a un escueto "el proyecto sigue adelante", suena a la respuesta de un capitán que asegura que el barco flota mientras el agua ya le llega a las rodillas. Esta ofensiva HA no solo busca casas; busca quitar credibilidad a CC. Al atacar a Marichal por no "pisar el acelerador" de forma legal, el bloque PSOE-Hablemos Ahora intenta cortocircuitar la gran promesa electoral de CC en el sur: el fin de la sequía habitacional. En San Bartolomé de Tirajana, la vivienda pública ya no es un derecho social, es un activo tóxico en una guerra de desgaste donde cada informe de Patrimonio es una bala dirigida al corazón del pacto de gobierno AV-CC. Mientras se dilucida quién firmó qué sin respaldo técnico, los ciudadanos siguen esperando por unas casas que, hoy por hoy, parecen existir solo en el terreno de la literatura jurídica y el conflicto de siglas.
