El conflicto de las hamacas en San Bartolomé de Tirajana ha dejado de ser una disputa laboral para convertirse en una autopsia sobre la gestión del beneficio público. Según denuncian los sindicatos FSOC y UGT, el servicio ha generado la astronómica cifra de 100 millones de euros desde 1997. Es una montaña de capital extraída directamente de la necesidad de sombra del turista, un flujo de dinero que, en un sistema ideal, debería haber blindado las arcas municipales. Sin embargo, la realidad es que ese excedente ha orbitado durante décadas alrededor de una gestión privada que el Ayuntamiento, por desidia o conveniencia, no se atrevió a tocar.
La figura mercantil de Perfaler es el recordatorio constante de la incapacidad administrativa del sur de Gran Canaria. Lo que nació en 1999 como un encargo "provisional" para que el Consistorio decidiera qué hacer con el servicio, se convirtió en una prórroga infinita que duró 21 años. La empresa ha sido el órgano ejecutor de una gestión que el Ayuntamiento "rescató" en 1995 para luego dejarlo morir en un limbo jurídico.
Ni siquiera la parálisis de la pandemia en 2020 logró que la empresa pública Emursa tomara el mando de forma efectiva; las discrepancias internas ganaron la batalla y Perfaler continuó en su puesto, como un actor secundario que se ha hecho dueño del escenario por pura incomparecencia del protagonista.
Ahora, con la amenaza de paros laborales en pleno enero de 2026, el municipio se asoma al abismo. El servicio de hamacas es el termómetro del bienestar en Maspalomas, y la posibilidad de que las playas queden desiertas de sombrillas es un match ball que el gobierno local no puede permitirse perder. Mientras tanto, los 100 millones de euros generados desde finales de los noventa resuenan en el aire como el reproche definitivo: una riqueza inmensa gestionada bajo la provisionalidad permanente de una empresa que, pase lo que pase, ya forma parte de la historia —negra o blanca— de la arena del sur.
Los trabajadores aseguran que no quieren dañar al turismo, pero su calendario de protestas es un recordatorio de que la paz social en las dunas tiene un precio: la municipalización directa. Mientras los políticos discuten sobre modelos de gestión, el servicio de hamacas sigue siendo el reflejo de un sistema que prefiere el parche de Perfaler antes que enfrentarse a la realidad de una gestión pública eficiente. En Maspalomas, el conflicto no es por la arena, sino por quién se queda con el último céntimo de la sombra.
