La Fiscalía ha solicitado una pena de tres años de prisión para un hombre, identificado como Y.E.V.G., acusado de una agresión violenta ocurrida durante las fiestas del Carnaval en el sur de Gran Canaria en junio de 2022. El escrito de acusación, formulado ante el Juzgado de lo Penal competente y al que ha tenido acceso Maspalomas24H, imputa al procesado un presunto delito de lesiones tras atacar a la expareja de su sobrina en plena vía pública.
Según el relato del Ministerio Fiscal, los hechos se produjeron sobre las 00:50 horas del día 5 de junio de 2022. El acusado, de nacionalidad española y sin antecedentes penales, se aproximó a la víctima, A.J.G., y presuntamente le propinó un fuerte empujón que la derribó. Una vez en el suelo, el encausado habría continuado la agresión con diversas patadas en la zona de la espalda e intentó golpearle el rostro, impacto que la mujer logró mitigar interponiendo su mano derecha.
Como consecuencia del ataque, la mujer sufrió una fractura desplazada del cuarto metacarpo de la mano derecha, además de diversas laceraciones en la región lumbar. Las lesiones requirieron tratamiento médico especializado, incluyendo un día de hospitalización, inmovilización mediante férula y un proceso de rehabilitación. En total, la víctima precisó de 136 días impeditivos para desarrollar sus actividades cotidianas y presenta secuelas por dolor y perjuicio estético.
La Fiscalía califica estos hechos como un delito de lesiones previsto en el artículo 147.1 del Código Penal, señalando al acusado como autor directo del mismo. Al no concurrir circunstancias atenuantes ni agravantes, el Ministerio Público solicita, además de la pena de cárcel, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y el pago de las costas procesales. En concepto de responsabilidad civil, el escrito de conclusiones provisionales exige que el acusado indemnice a la víctima con la cantidad de 14.162,63 euros por las lesiones y secuelas físicas derivadas de la agresión. Dicha cuantía deberá ser actualizada conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil tras la apertura del juicio oral.
