Lo que en septiembre parecía una victoria aritmética para el gigante grancanario Lopesan, se ha transformado en una batalla legal de incierto desenlace que pone a prueba los límites de la discrecionalidad en los procesos concursales en España. La pugna por el Lote 1 de la liquidada Mar Abierto (Grupo Santana Cazorla) —un activo estratégico de 1.500 camas en el sur de Gran Canaria— ha dado un giro de 180 grados tras la última maniobra del administrador concursal.
El conflicto se centra en cuatro activos clave: los hoteles Lago, Valle y Costa, situados en el enclave turístico de Taurito (Mogán), y la concesión administrativa que hasta ha servido de recinto de menas del Hotel Las Tirajanas, en las cumbres de Tunte.
En la subasta organizada por la consultora CBRE, Lopesan presentó una oferta de 85.001.000 euros, superando por apenas mil euros los 85 millones exactos ofrecidos por el Grupo Martinón (Grumasa, Livvo). Bajo las reglas de una subasta convencional, el resultado sería inapelable. Sin embargo, el administrador concursal, Amalio Miralles (Lener), ha elevado una propuesta al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas para modificar el adjudicatario a favor de Martinón.
El argumento de la administración concursal es técnico y, a la vez, controvertido. Miralles sostiene que la oferta de Martinón es "más beneficiosa para la solución del concurso" una vez ajustados ciertos derechos de cobro frente a turoperadores valorados en 2,5 millones de euros. Según este análisis, el valor real de la propuesta de Martinón superaría a la de Lopesan, a pesar de lo que dicta el importe nominal de la puja.
Pero el dinero no es el único factor en juego. La administración concursal ha otorgado un peso inusual a la "paz social". Los comités de empresa de los hoteles, que actualmente están bajo la gestión operativa de Martinón, han manifestado su preferencia por la continuidad del actual gestor, alegando que la oferta de Lopesan genera incertidumbre sobre la subrogación total de la plantilla.
Para el administrador, el riesgo de conflictividad laboral inclina la balanza hacia Martinón, asegurando una "continuidad operativa inmediata". Es un criterio de eficiencia frente a un criterio puramente monetario que ha encendido todas las alarmas en las oficinas centrales de Lopesan en Meloneras.
Desde Lopesan, la reacción ha sido de una hostilidad contenida pero firme. Fuentes cercanas al grupo califican la propuesta de Miralles como un "escándalo de seguridad jurídica". Sostienen que el administrador está introduciendo criterios subjetivos —como la condición de operador previo— que no figuraban en las bases públicas y regladas de la subasta.
"La diferencia de mil euros es válida porque ese era el tramo de puja fijado en el pliego", insisten desde el grupo grancanario. Para Lopesan, aceptar que un administrador cambie al ganador de una subasta ex post basándose en preferencias sindicales o ajustes contables imprevistos vulnera la integridad del sistema concursal. El grupo ya ha advertido que tomará "todas las acciones legales necesarias" contra el administrador si el juez Alberto López Villarrubia valida esta propuesta.
Mientras el Lote 1 permanece bloqueado, el resto del imperio Santana Cazorla ya ha sido repartido: Lopesan ha consolidado su dominio en Meloneras con la compra de 26 locales y solares por 97 millones y Servatur se ha hecho con un solar estratégico en Arguineguín por 2,6 millones.
La resolución de este conflicto es vital no solo para el futuro de las 1.500 camas en disputa, sino para la reputación de Canarias como destino de inversión. En un mercado donde los fondos de capital riesgo y los grandes grupos hoteleros compiten por activos escasos, la claridad en las reglas del juego es el activo más valioso. La decisión final del magistrado López Villarrubia determinará si en una subasta concursal manda el precio de martillo o el "bienestar general" del concurso.
