El futuro ferroviario del sur de Gran Canaria ya tiene conductor oficial, y viaja desde los despachos del Ministerio de Transportes en Madrid. El Gobierno de Canarias ha sellado una operación estratégica de ingeniería administrativa: la compra de una única acción de Ineco, la sociedad mercantil estatal bajo el paraguas del ministerio que dirige Óscar Puente. Al convertir a Ineco en servicio técnico preferente, se reduce el espacio para que las consultoras e ingenierías privadas compitan en igualdad de condiciones por estos jugosos contratos.
Con un desembolso simbólico de 1.450,27 euros —en el marco de una ampliación de capital de la sociedad—, la administración canaria no busca rentabilidad financiera, sino una llave maestra legal. Al convertirse en accionista, el Ejecutivo regional puede declarar a Ineco como "medio propio personificado". En la práctica, esto significa que el Gobierno de Canarias y los Cabildos podrán saltarse los complejos y lentos concursos públicos internacionales para encargar directamente a dedo a la empresa estatal los estudios, la planificación y la implantación de los trenes a Maspalomas y al sur de Tenerife.
La maniobra no se limita a la delegación de funciones. El acuerdo designa al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, como representante canario en la Junta General y en el Consejo de Administración de Ineco. Este movimiento es un arma de doble filo. Por un lado, garantiza que Canarias tenga voz directa en el máximo órgano de decisión de la ingeniería estatal más potente de España. Por otro lado, vincula irremediablemente el éxito o el fracaso de los trenes isleños a la gestión de la empresa pública del Estado, delegando la soberanía técnica en una entidad que, aunque experta, responde jerárquicamente a las directrices de Madrid.
La Consejería justifica esta decisión por la "amplia experiencia y solvencia" de Ineco en infraestructuras terrestres. El objetivo es que los Cabildos, que llevan décadas atascados en la fase de estudios y declaraciones de impacto, dispongan por fin de un apoyo técnico de primer nivel para afrontar unos proyectos que superarán los 4.000 millones de euros de inversión total. La decisión de entregar los proyectos estratégicos de movilidad a una empresa pública controlada por el Ministerio de Transportes levanta suspicacias.
El Gobierno canario ha preferido la "seguridad institucional" y la alianza con el ministerio de Óscar Puente para intentar desbloquear el sueño ferroviario. A partir de ahora, el Tren de Gran Canaria y el del Sur de Tenerife no solo dependerán de la financiación de la UE y de Madrid, sino también de la capacidad de trabajo de una empresa estatal que ya tiene la orden de empezar a diseñar el futuro del transporte en las islas.
