La seguridad energética del principal motor económico de Gran Canaria entra en una fase crítica de renovación. La Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias ha sacado a información pública el ambicioso proyecto de Red Eléctrica de España (REE), que preside Beatriz Corredor, para el cambio de cableado de la línea de transporte a 66 kV entre la subestación de Matorral y el apoyo T-1, en las inmediaciones de la subestación de Aldea Blanca. Con una inversión prevista de 4.248.801 euros, la operación no es solo técnica, sino que implica una contundente ocupación de suelo privado y público en el epicentro del desarrollo industrial y turístico del sur.
El proyecto, que abarca un trazado subterráneo de 6,8 kilómetros, ha solicitado la declaración de utilidad pública, un estatus jurídico que activa la "urgente ocupación" de los terrenos afectados. Esta medida permite a la compañía eléctrica disponer de los suelos de forma inmediata para garantizar la ejecución de una infraestructura considerada vital para evitar fallos de suministro en el área de Maspalomas. La sustitución del cable actual por uno de nueva tecnología de simple circuito busca modernizar la red en un tramo que atraviesa puntos logísticos clave entre los municipios de San Bartolomé y Santa Lucía de Tirajana.
La relación de bienes y derechos afectados, publicada este enero de 2026, pone el foco sobre algunos de los nombres históricos de la propiedad de la tierra en el sur de la isla. El Grupo Inmobiliario Tinojai, vinculado a la familia Del Castillo, junto a los herederos de Alejandro y Pedro Fernando del Castillo Bravo de Laguna, figuran como los principales afectados en términos de superficie. Solo en la parcela 14 del polígono 11, se establece una servidumbre subterránea de más de 3.300 metros cuadrados y una ocupación temporal que supera los 14.400 metros cuadrados para la instalación de cámaras de empalme y arquetas de telecomunicaciones.
No son los únicos grandes propietarios bajo el radar de la expropiación. Sociedades vinculadas al sector primario e industrial como Juliano Bonny Gómez SRL y Agrícola Bonny SRL también verán intervenidas sus parcelas en el polígono 10 para el paso de la línea. Asimismo, firmas de inversión como Invercasti Alfa SL y Propiedades Mejoradas SL aparecen en el anexo de bienes afectados. La intervención toca incluso instalaciones de energías renovables existentes, como parques eólicos, donde REE deberá coordinar la nueva infraestructura con las instalaciones preexistentes.
El despliegue de la línea también impacta de forma notable en el dominio público. El Cabildo Insular de Gran Canaria y la Comunidad Autónoma de Canarias deberán ceder espacio en zonas críticas como el cauce del Barranco de Tirajana y las vías de servicio de la autopista GC-1 y la carretera GC-105. En total, la servidumbre subterránea y las zonas de ocupación temporal para el acopio de materiales y maquinaria sumarán decenas de miles de metros cuadrados de intervención en el territorio, un peaje necesario para asegurar que la red eléctrica del sur no se quede obsoleta ante la creciente demanda de la zona.
