El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha ejecutado el primer gran movimiento de "limpieza" digital en el mercado alojativo español, con un impacto directo en la línea de flotación del negocio inmobiliario en el sur de Gran Canaria. Según los datos oficiales de la recién estrenada Ventanilla Única Digital, el Gobierno ha ordenado la retirada inmediata de los anuncios de 1.056 viviendas en San Bartolomé de Tirajana que operaban fuera de la legalidad tras ver revocada su solicitud de registro.
Este ajuste estructural sitúa al principal municipio turístico de Gran Canaria en el "Top 10" de la purga nacional, ocupando la octava posición en un ranking de irregularidad liderado por Madrid y Barcelona. La cifra no es solo un dato administrativo; representa una contracción repentina de la oferta alojativa en zonas críticas como Playa del Inglés y Maspalomas, donde la delgada línea entre el uso residencial y el turístico ha alimentado durante décadas una economía sumergida que ahora choca frontalmente con la normativa comunitaria.
La disciplina del registro único
La puesta en marcha del código de registro obligatorio, gestionado a través del Colegio de Registradores, ha actuado como un filtro de transparencia sin precedentes para el capital que fluye hacia el real estate canario. De las más de 86.000 viviendas notificadas como ilegales en todo el país, el foco en el sur de la isla revela una resistencia de los propietarios a cumplir con los nuevos estándares de ordenación. La colaboración entre el MIVAU y las plataformas digitales obliga a estas últimas a ejercer de "policía" del mercado, eliminando activos que no han logrado acreditar su idoneidad legal.
A diferencia de la "anomalía de Madrid", donde el 83% de las solicitudes fraudulentas se camuflan bajo el alquiler de temporada, en el sur de Gran Canaria el grueso de la oferta denegada sigue respondiendo al modelo de explotación turística pura. Este fenómeno tensiona la rentabilidad de los pequeños y medianos inversores que, hasta julio de 2025, operaban en un limbo regulatorio que la Ventanilla Única ha terminado por clausurar.
La estadística oficial dibuja un eje de incumplimiento preocupante en el archipiélago. Mientras San Bartolomé de Tirajana encabeza la lista regional con sus 1.056 revocaciones, el sur de Tenerife no se queda atrás, con Adeje (1.019) y Arona (942) completando un triángulo de riesgo para la seguridad jurídica del sector. Esta criba es una señal enviada directamente a los fondos de inversión y socimis: la era de la permisividad en el alquiler vacacional canario ha finalizado bajo la presión de la UE.
La consecuencia inmediata será un desplazamiento del capital hacia activos que sí garanticen el cumplimiento de la norma, probablemente revalorizando los complejos hoteleros tradicionales y las unidades de explotación regladas. En el corto plazo, la retirada de estos más de mil anuncios en el sur de Gran Canaria podría suponer un alivio para el mercado de alquiler residencial, aunque a costa de un recorte en la liquidez inmediata que genera el flujo de visitantes directos al sector extrahotelero.
