La gestión del territorio y el orden público en los municipios turísticos exige un control institucional que evite los cuellos de botella administrativos. El Ayuntamiento de Mogán, epicentro del desarrollo alojativo y residencial del sur de Gran Canaria, ha ejecutado una profunda reestructuración de su arquitectura de gobernanza. La alcaldesa-presidenta, Onalia Bueno García, ha firmado el decreto 2026/3272 para descentralizar las competencias punitivas más sensibles de la corporación local, delegando de forma directa en los concejales de área la potestad de multar. Es el primer paso para el sprint por las elecciones de 2027 y donde negocia con el PP una alianza tras saltar por los aires los acuerdos con CC, como adelantó este junio Maspalomas24H.
La reforma estructural, avalada jurídicamente por el secretario general, todavía, accidental, David Chao, modifica el diseño organizativo que se arrastraba desde el inicio del mandato en junio de 2023. Hasta la fecha, la Junta de Gobierno Local centralizaba de manera colegiada las resoluciones de los expedientes sancionadores en materia de disciplina urbanística, actividades clasificadas e infracciones de las ordenanzas municipales. La nueva directriz despoja a dicho órgano de estas funciones para atomizarlas entre los ediles delegados de cada departamento, agilizando la ejecución de expedientes en un territorio sumiso a una constante presión inmobiliaria y comercial.
Los cambios se producen tras una serie de movimientos en los áreas del grupo de gobierno que obligaron a reajustar los equilibrios internos de la administración municipal. El relevo comenzó a gestarse con la renuncia de la concejala Juana Teresa Vega. El reajuste de piezas se completó con la incorporación a las labores de gestión de Iván Ramos, quien asumió un régimen de dedicación exclusiva para dirigir las áreas de responsabilidad que le fuesen delegadas por la alcaldía.
La vacante que dejó Vega Jiménez en el núcleo duro del ayuntamiento ha quedado definitivamente cubierta. El decreto designa oficialmente al concejal Josué Hernández Delgado como nuevo vocal de la Junta de Gobierno Local. El órgano ejecutivo de Mogán queda cerrado bajo la presidencia estricta de Onalia Bueno, flanqueada por los vocales Juan Mencey Navarro, Juan Ernesto Hernández Cruz, Tania del Pino Alonso Pérez, Luis Miguel Becerra André, Consuelo Díaz León y el citado Hernández Delgado.
La letra pequeña de la resolución detalla el alcance real de las nuevas competencias que asumirán los concejales en sus respectivas parcelas de actuación. Los ediles no solo resolverán los litigios vinculados a la edificación y las licencias de apertura, sino que ostentarán la facultad delegada para sancionar las faltas de desobediencia dictadas contra la propia alcaldesa-presidenta. La medida ampara penalizaciones fundamentadas en la Ley de Municipios de Canarias, permitiendo a los responsables sectoriales imponer multas dentro de los límites legales siempre que la potestad no esté reservada por leyes específicas a otros órganos.
Las modificaciones del organigrama tendrán un reflejo inmediato en la contabilidad general de la corporación sureña. El ayuntamiento ha estipulado que el impacto económico de estas delegaciones y procesos de desconcentración de competencias se incorporará de forma oficial a las bases de ejecución del Presupuesto municipal del próximo ejercicio. La medida vacía de burocracia los pasillos consistoriales para acelerar la recaudación y la corrección de infracciones en un municipio clave para el motor económico de la isla.
