La coalición de gobierno en San Bartolomé de Tirajana (PSOE, nacionalistas y Ciudadanos) respaldó este fin de semana a los funcionarios que gestionan Urbanismo y subrayó "la plena confianza y tranquilidad" hacia "la totalidad de la plantilla de empleados públicos que trabaja en este ayuntamiento". 

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía investiga una veintena de operaciones en el ámbito de urbanismo de San Bartolomé de Tirajana entre 2016 y 2020 por la presunta existencia de una caja B en distintos periodos de gestión de licencias tanto de inmuebles como, por ejemplo, de zanjas. Mientras la coalición de gobierno ha salido de forma inmediata a defender la investigación, en PPAV se habría optado por mantener silencio a la espera de disponer de datos.

El caso afectaría a un funcionario pero el comunicado habla de la "totalidad de la plantilla de empleados públicos". Lo que ha hecho el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana es ordenar a sus servicios jurídicos incoar expediente informativo para defender el interés municipal por si ha habido pinchazo en ingresos a costa de prácticas deshonestas y confirmar si ha existido una red paralela contra la hacienda municipal.

Concepción Narváez dijo este fin de semana que "he de partir de la base de la presunción de inocencia, sobre todo cuando se responsabiliza a un empleado público" pero "llegaremos hasta el final, pues este ayuntamiento ha de ser ejemplo de transparencia y de gestión ajustada a los preceptos legales". El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, el nacionalista Samuel Henríquez, dijo que "se han facilitado todos los expedientes solicitados por la Fiscalía, desde el ejercicio 2018 al 2021. Nuestra colaboración es total. Y nuestro principal interés es que la situación se aclare lo antes posible".