Va a leer una crónica de negocios para gente que sabe leer despacio, que conste. Los directivos tinerfeños de Coalición Canaria y de Siam Park, tienen mucho ADN en común, mantenían todo bajo control el silencio de la infantería de Las Palmas pero se olvidaron de un detalle: un humilde diario digital líder en la zona de implantación cumplía su trabajo al exponer el caso de empresas como Pérez Moreno que había comprando un hotel a un juzgado de Palma de Mallorca sin saber oficialmente (la petición de operaciones oficial se pidió posteriormente) que tendría en frente a un competidor sobre suelo público en apariencia gratis. En mayo de 2022 Maspalomas24H desveló que la cadena de parques temáticos iba a construir un hotel y, a partir de ahí, anda suelto Satanás. Así lo desvelaba Maspalomas24H.
Este miércoles el líder de AV, Marco Aurelio Pérez, ha dicho en El Espejo Canario que Loro Parque ha cometido errores de bulto con la tramitación municipal porque ha obviado que su socio en el suelo de El Veril es Hacienda y no el Cabildo de Gran Canaria. Porque los operadores hoteleros grancanarios sí estaban a favor de Siam Park pero que una empresa como Pérez Moreno, que acaba de comprometer 52 millones de euros en el Beberly Park, Servatur con RIU o el hotel opaco de nombre Corona Roja, no se sabe de quién es propiedad, no iban a tolerar esa operación. ¿Valdría lo mismo Beberly Park con un hotel en frente que se va a comer el turrón de la llegada de turistas a El Veril cuando tiene que aplicar una reforma industrial al complejo?
La cadena tinerfeña, que ya advirtió en su momento Maspalomas24H que era un error clonar un producto de Tenerife en Gran Canaria porque generaría errores en la marca Gran Canaria -¿se imagina alguien dos parques temáticos en Tailandia en dos islas distintas con el mismo nombre?-, ahora se encuentra que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no las tiene todas consigo sobre el control del suelo público donde Loro Parque iba a hacer su inversión con RIC, es decir, dinero de la AEAT, propietaria al menos del 60% del suelo. ¿Y quien dio la licencia de ocupación del suelo en la parte que correspondía al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria? Nada menos que el hoy presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, cuando era consejero de Obras Públicas de Gran Canaria.
El respaldo de CC a esta operación siempre ha sido total. En junio de 2017 el secretario general de Coalición Canaria (CC) y vicepresidente regional del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, pidió al Cabildo de Gran Canaria y al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana "diálogo y colaboración" para desbloquear la construcción del parque acuático del grupo Kiessling en El Veril desde hace tres años.
Al respecto, Rodríguez señaló que una iniciativa de "más de 100 millones de euros que contribuirá a crear empleo" en el archipiélago de forma directa e indirecta, así como a ampliar la oferta en la isla de Gran Canaria, según informó CC en nota de prensa. Esa cifra de 100 millones realmente no se contempla en el plan de negocio que se ha presentado, era una mera ilusión numérica en la campaña de CC de Tenerife por generar un entorno favorable a la inversión.
Decía Rodríguez la importancia del proyecto y "lo terrible" que sería que finalmente el inversor desista, ya que apuntó que "pondría en riesgo la generación de 700 nuevos puestos de trabajo estables y un elemento de excelencia y calidad al turismo de la isla". Rodríguez ha insistido en que Gran Canaria "no puede permitirse perder una inversión que aportará un valor añadido a su atractivo" turístico generando competitividad al destino. Para el secretario nacionalista en la isla este "es un claro ejemplo" de que Gran Canaria necesita un proyecto donde "se definan sus objetivos a medio y largo plazo".
"No es la primera vez que se produce esta situación debido a las trabas burocráticas y a la falta de un impulso por parte del Cabildo de Gran Canaria, que lejos de desatascar el expediente dilata en el tiempo su decisión, poniendo en juego no solo esta inversión sino la imagen de la isla para ofrecer garantías a otros potenciales inversores en Gran Canaria", apostilló. Por último, recordó que la iniciativa tiene la consideración de inversión estratégica por parte del Gobierno de Canarias, una legislación específica que agiliza su tramitación. Por ello, indicó que es ahora cuando las administraciones públicas competentes "deben reactivar ya el proyecto antes de que sea nuevamente tarde para Gran Canaria".
