La situación en Fataga se ha vuelto insostenible. Los residentes han manifestado su hartazgo ante los últimos altercados protagonizados por menores tutelados por el Gobierno de Canarias. Uno de los incidentes que colmó la paciencia de la población fue la reciente agresión a una vecina del pueblo que intentó mediar en una pelea entre dos menores y acabó con dos dedos fracturados tras recibir un empujón.

En una reunión organizada por la Asociación de Vecinos, se exigieron explicaciones a la directora del centro, Tamara Carballo, quien lleva cuatro años vinculada a la instalación y tan solo uno en el cargo de dirección.

En representación del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana acudieron Dimas de la Cruz (Servicios Sociales), José Ruymán Cardoso (Limpieza viaria, playas y participación ciudadana) y Eduardo Armas (Vías y Obras, parques y alumbrado).

Durante el encuentro, los vecinos denunciaron allanamientos en fincas colindantes, robos, ruidos nocturnos y el exceso de velocidad del vehículo encargado de los traslados, lo que ha generado situaciones de tensión con algunos residentes. También pidieron explicaciones sobre los protocolos de control del centro, ya que aseguran ver a menores deambulando por el pueblo fuera del horario establecido.

Una de las principales preocupaciones de los asistentes fue la posibilidad de que se repita un incendio como el ocurrido el año pasado en el palmeral del pueblo, que, según los vecinos, se usa con frecuencia como punto de reunión y “fumadero”.

Carballo explicó el régimen interno del centro y señaló que los educadores nocturnos son los responsables de contabilizar a los menores al final del día. Sin embargo, esta explicación no convenció a los vecinos, que insistieron en que el control sobre los menores es insuficiente y que prácticamente a diario ven a menores deambular por el pueblo fuera del horario estipulado en el centro.

Varios residentes también cuestionaron la legalidad del inmueble, afirmando que se trata de una instalación “realquilada” cuyo uso original estaba destinado a actividades de meditación, y que no cuenta con licencia ni capacidad adecuada para acoger a 36 menores en un núcleo rural como Fataga.

Entre las propuestas surgidas en la reunión se incluyó la creación de un canal de comunicación directo entre vecinos y responsables del centro. No obstante, la mayoría de los presentes acordó redactar un comunicado para exponer formalmente todas las incidencias al Gobierno de Canarias y solicitar el traslado de los menores a un centro ubicado en un entorno con mayor capacidad y recursos de acogida.